Fragmentar para eludir: cuando el problema no es la ley, sino cómo se usa

La reciente denuncia presentada ante Contraloría por el fraccionamiento de pagos en el viaje presidencial a Punta Arenas vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: no basta con tener una ley de compras si no se respeta su espíritu.

Según lo expuesto, la Presidencia habría dividido en tres pagos una compra que superaba el monto permitido para trato directo, evitando así una licitación obligatoria. Este tipo de práctica, conocida y advertida por la Contraloría en múltiples ocasiones, erosiona la transparencia, daña la competencia y abre la puerta a discrecionalidades injustificadas.

La Ley 19.886 es clara: no se puede fragmentar una compra para eludir la licitación. Pero el problema no es la letra de la ley, sino su interpretación en la práctica. Aquí es donde la figura de un asesor experto en compras públicas se vuelve clave.

Contar con asesoría profesional no solo evita errores administrativos, sino que también protege a las instituciones de incurrir en actos que podrían derivar en sanciones administrativas o legales. En un entorno donde cada compra pública está bajo la lupa, las decisiones deben estar respaldadas no solo por la necesidad, sino por el cumplimiento normativo riguroso.

Desde Bidder lo hemos dicho muchas veces: venderle al Estado no es solo tener un buen producto, también es saber moverse en un terreno lleno de procedimientos, reglas y excepciones. Y para el comprador, una buena asesoría no es un gasto, es una inversión en legitimidad y eficiencia.

Hoy más que nunca, el Estado necesita cuidar cada peso y cada proceso. Y eso parte por respetar la ley, pero también por aplicar buenas prácticas. Que este caso no sea solo una polémica más, sino una oportunidad para recordar que la transparencia comienza con decisiones bien asesoradas.