Rechazo de órdenes de compra debido a retrasos en pagos del Estado

En medio de una creciente preocupación en el sector de compras públicas, varios proveedores han comenzado a rechazar órdenes de compra debido a los persistentes retrasos en los pagos por parte del Estado. Facturas con más de 30 días de atraso han generado una situación insostenible para muchas empresas, que enfrentan problemas de flujo de caja y complicaciones operativas a raíz de esta situación.

Una reciente opinión jurídica emitida por Camila Escobedo Rodríguez, Directora Jurídica del Estudio Jurídico LURIS, respalda la facultad legal de los proveedores para rechazar nuevas órdenes de compra en caso de incumplimiento de pagos anteriores por parte de las entidades públicas. La opinión destaca que, conforme a la Ley N°19.886 y la Ley N°21.131, el contrato de compra pública solo se perfecciona cuando el proveedor acepta expresamente la orden de compra en el portal de Mercado Público. Si no hay aceptación, no existe una obligación contractual.

El análisis jurídico establece que la existencia de una deuda previa es una razón válida y jurídicamente razonable para rechazar una nueva orden de compra. La normativa vigente reconoce la autonomía contractual de los proveedores, por lo que estos pueden rechazar nuevas contrataciones sin que ello configure un incumplimiento. Además, el proveedor tiene el derecho de proteger su estabilidad financiera y evitar mayores riesgos económicos derivados de la morosidad estatal.

Aceptar una orden de compra en un contexto de incumplimiento previo podría aumentar el riesgo financiero para la empresa, afectando el flujo de caja y la capacidad operativa. La recomendación del Estudio Jurídico LURIS es que los proveedores evalúen cuidadosamente el historial de pagos de cada institución antes de aceptar nuevas órdenes de compra, particularmente cuando existen antecedentes de morosidad o retrasos prolongados en los pagos.

Este escenario plantea un desafío tanto para las entidades estatales como para los proveedores, quienes buscan soluciones sostenibles para garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los compromisos financieros. La implementación de tecnologías como la automatización de procesos (RPA) y blockchain podría ofrecer soluciones para agilizar y asegurar los pagos, fortaleciendo la confianza en el sistema de compras públicas.