El Estado ahoga a sus proveedores: pagos atrasados ponen en jaque a miles de empresas

A pesar de que la Ley de Pago a 30 Días obliga al Estado a cancelar sus facturas en un máximo de un mes, la realidad es muy diferente. Miles de proveedores enfrentan retrasos de meses o incluso años, lo que ha llevado a muchas pymes a la crisis financiera. La falta de cumplimiento por parte de los organismos públicos es alarmante, afectando a empresas que dependen de estos pagos para operar.

El problema no es nuevo, pero sigue sin solución. Mientras las pymes hacen su trabajo y entregan productos y servicios al Estado, este simplemente no paga a tiempo, generando un efecto dominó de deudas y quiebras. Aunque la Ley 21.131 establece que los proveedores pueden exigir una compensación del 1% más intereses por mora, el desconocimiento y la burocracia hacen que pocos logren recuperar lo que les corresponde.

Los mecanismos de denuncia disponibles, como los reclamos en ChileCompra o la Contraloría General de la República, han demostrado ser ineficientes y poco efectivos. La falta de sanciones reales permite que el Estado siga incumpliendo sin consecuencias. Las empresas afectadas tienen que asumir la carga financiera, mientras los organismos continúan funcionando con normalidad, sin preocuparse por los estragos que causan en sus proveedores.

Ante este escenario, LURIS surge como una alternativa para que las empresas afectadas puedan exigir lo que les deben sin trámites burocráticos interminables. Con herramientas digitales y asesoría legal, LURIS facilita el cobro de facturas atrasadas del sector público, asegurando que los proveedores reciban el dinero que les corresponde.

Además, LURIS y Bidder han pactado una alianza estratégica para promover el uso de la ley y la fiscalización del Estado, impulsando a los proveedores a reclamar sus derechos y presionar por un pago oportuno. Esta colaboración busca dar visibilidad a los incumplimientos del sector público y facilitar el acceso a herramientas que permitan a las empresas recuperar sus pagos de forma efectiva.

El Estado está fallando gravemente a sus proveedores, generando una crisis silenciosa que afecta a miles de pymes. No pagar a tiempo no es un simple error administrativo, es un abuso que destruye negocios y empleos. Es hora de que las empresas afectadas exijan su derecho a cobrar con compensaciones y expongan la irresponsabilidad de los organismos públicos.