¿El Estado te debe dinero?: Proveedores pueden exigir compensación por facturas impagas

Miles de proveedores que trabajan con el Estado de Chile están perdiendo millones de pesos cada año al no cobrar la compensación del 1% por facturas pagadas fuera de plazo, un derecho garantizado por la Ley 21.131. A pesar de que esta normativa obliga a los organismos públicos a pagar dentro de 30 días, los retrasos en los pagos son una práctica recurrente, afectando el flujo de caja de cientos de pymes y emprendedores que dependen de estos ingresos.

El problema se agrava porque muchos proveedores desconocen que pueden exigir un 1% adicional más intereses por mora cuando el Estado se demora en pagar. Aunque la ley está en vigencia desde 2019, la falta de difusión y la burocracia en los procesos de cobro han hecho que miles de empresas pierdan el dinero que les corresponde. En muchos casos, los proveedores temen reclamar por posibles represalias o trabas en futuras licitaciones.

Para enfrentar esta problemática, la empresa LURIS ofrece un servicio especializado en el cobro de facturas atrasadas del sector público y la gestión de la compensación legal. Con asesoría legal y herramientas digitales, LURIS ayuda a los proveedores a calcular el monto adeudado, enviar los reclamos de manera formal y, si es necesario, iniciar acciones legales contra los organismos que incumplen los plazos de pago. Más información en https://info.luris.cl/cobro-facturas-atrasadas.

Según expertos en derecho administrativo y financiero, es clave que los proveedores pierdan el miedo a exigir sus derechos. La Ley 21.131 no solo protege a las pymes y emprendedores, sino que también busca incentivar la responsabilidad fiscal en el sector público. Sin consecuencias económicas, los retrasos en los pagos seguirán siendo una práctica habitual, afectando la liquidez de quienes dependen de estos contratos.

Las empresas que venden bienes y servicios al Estado pueden utilizar plataformas como LURIS para gestionar sus cobros de manera rápida y efectiva. Su sistema permite calcular automáticamente la compensación adeudada, notificar formalmente a los organismos públicos y, si es necesario, escalar el caso a instancias legales sin que el proveedor deba involucrarse en trámites engorrosos.

El llamado a los proveedores es claro: no pierdan dinero por desconocimiento. Si el Estado se retrasa en pagar sus facturas, exijan el 1% adicional y los intereses por mora. Herramientas como LURIS facilitan este proceso, asegurando que cada peso que corresponde llegue a las pymes y emprendedores que trabajan con el sector público.