Estado en reposo, abuso en marcha

Mientras el país enfrenta restricciones presupuestarias, el aparato estatal sigue permitiendo que miles de funcionarios abusen del sistema sin consecuencias. Licencias médicas extendidas, viajes al extranjero durante reposo y nula fiscalización revelan una verdad incómoda: el Estado ha perdido el control interno.

No se trata de casos aislados. Son patrones instalados en distintas instituciones públicas, protegidos por normas que hacen casi imposible sancionar con rapidez. Las investigaciones son lentas, los sumarios se diluyen y muchos infractores siguen cobrando sueldos sin trabajar. La impunidad está institucionalizada.

El problema no solo es legal, sino estructural. El Estatuto Administrativo protege al funcionario, pero ha sido usado como escudo para evadir responsabilidades. A eso se suma la falta de gestión interna, la escasa voluntad política y una cultura que prefiere no incomodar a “los de adentro”.

Los costos los paga la ciudadanía: servicios lentos, recursos mal utilizados y una creciente desconfianza en lo público. Mientras tanto, se exige austeridad a las pymes y proveedores del Estado, pero no se exige lo mismo a quienes forman parte de la planta pública.

Modernizar el empleo público ya no es una opción: es una urgencia. Si no se enfrentan estas prácticas con transparencia, tecnología y sanciones reales, el Estado seguirá siendo el refugio ideal para quienes quieren estabilidad sin esfuerzo ni consecuencias.