Auditoría y revisión marcan millonaria compra suspendida

La reciente suspensión de la compra de camiones por más de US$45 millones por parte del Ejército de Chile pone nuevamente en evidencia la fragilidad de algunos procesos de licitación pública. Empresas participantes, como Salfa y Tata, presentaron recursos de reposición, apuntando a irregularidades en la evaluación técnica y económica.

Esta situación refleja un problema estructural: bases de licitación poco claras y matrices de evaluación que dejan margen a interpretaciones. Cuando los criterios no son completamente objetivos ni trazables, los riesgos de judicialización y conflictos aumentan considerablemente, afectando la eficiencia del sistema.

El Ejército anunció que resolverá las impugnaciones a mediados de mayo y que se realizará una auditoría al proceso. La medida busca fortalecer la transparencia y corregir posibles errores en la evaluación, reconociendo que en licitaciones de gran envergadura, las garantías de imparcialidad deben ser absolutas.

Las consecuencias de estos errores trascienden al caso puntual. Cada proceso suspendido impacta la confianza de los proveedores, encarece las postulaciones y retrasa proyectos públicos. La percepción de riesgo desalienta la participación de nuevos actores en el ecosistema de compras públicas.

A pesar de este escenario, es importante recordar que sí existen los mecanismos para fiscalizar y corregir irregularidades. Solo hace falta fortalecer su aplicación y ejercerlos con más voluntad y compromiso de todas las partes involucradas.