El costo oculto del desempleo

El desempleo en Chile alcanzó un 8,8% durante el trimestre febrero-abril 2025, con más de 900 mil personas desocupadas. Esta cifra no solo refleja un estancamiento económico, sino también un riesgo social creciente. Según diversos estudios, la falta de oportunidades laborales está directamente relacionada con el aumento de la delincuencia y la informalidad.

Particular preocupación genera el desempleo juvenil, que supera el 21%. Miles de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral quedan expuestos a escenarios de vulnerabilidad, alimentando un ciclo de pobreza, marginalidad y delitos menores. Esta realidad no es solo un desafío económico, sino una amenaza directa a la cohesión social.

En paralelo, el sistema de compras públicas podría verse afectado si el desempleo continúa presionando a las micro y pequeñas empresas. En un escenario de menor actividad económica, muchas podrían dejar de participar en Mercado Público, ya sea por falta de capacidad operativa o por dificultades para mantenerse al día con los requisitos administrativos. Esto abriría la puerta a una menor competencia, riesgos de concentración en las licitaciones y una pérdida de diversidad en la oferta para el Estado.

La informalidad también ha crecido como respuesta a la falta de empleo formal. Emprendedores sin iniciación de actividades ni acreditaciones quedan fuera del circuito estatal, generando una brecha entre la oferta real y la demanda pública. Esto debilita la eficiencia del sistema y limita la inclusión económica de nuevos actores.

Frente a este escenario, resulta urgente implementar medidas que incentiven la contratación, fortalezcan el rol de los proveedores y modernicen el acceso al sistema de compras del Estado. El desempleo ya no es solo un indicador económico: es una señal de alerta que afecta la seguridad, la inversión pública y la legitimidad institucional.