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Certificado de Calificación de Invalidez y Mercado Público

  • Foto del escritor: Bidder
    Bidder
  • 17 nov 2024
  • 2 Min. de lectura
Algunas bases de licitaciones en el portal de Mercado Público incluyen puntajes adicionales.

En Chile, el Certificado de Calificación de Invalidez es un documento esencial para acreditar la condición de discapacidad o pérdida significativa de capacidad laboral. Este certificado no solo permite acceder a beneficios previsionales y sociales, sino que también es un requisito solicitado en algunas postulaciones específicas, incluyendo licitaciones en el sistema de Mercado Público, donde puede ser considerado un criterio de evaluación para fomentar la inclusión de personas en situación de discapacidad en proyectos y servicios del Estado.


El trámite para obtener este certificado comienza con la solicitud de evaluación de invalidez, que puede realizarse en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente para trabajadores afiliados al sistema privado, o en el Instituto de Previsión Social (IPS) para quienes pertenecen al Pilar Solidario. Una vez presentada la solicitud, las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones llevan a cabo un proceso de evaluación exhaustivo para determinar el grado de invalidez del solicitante, clasificándola como parcial (al menos 50% de pérdida de capacidad laboral) o total (dos tercios de pérdida).


En el contexto de licitaciones públicas, este certificado adquiere una relevancia estratégica. Algunas bases de licitaciones en el portal de Mercado Público incluyen puntajes adicionales o requisitos que privilegian la participación de personas en situación de discapacidad o empresas que promuevan su integración laboral. Contar con el Certificado de Calificación de Invalidez puede marcar una diferencia significativa, ya que refuerza los principios de inclusión social y accesibilidad promovidos por el Estado, tanto en contratos de bienes como en servicios.


En resumen, el Certificado de Calificación de Invalidez es un documento que trasciende su función inicial. No solo permite acceder a pensiones y subsidios, sino que su uso en procesos como licitaciones en Mercado Público evidencia su valor en la promoción de un sistema más inclusivo. Para las empresas y personas interesadas en este tipo de oportunidades, contar con este certificado puede ser determinante para cumplir con criterios de evaluación relacionados con la responsabilidad social empresarial y el compromiso con la equidad.

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