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Hoy hemos decidido apoyar a un suscriptor que enfrentó un retraso en el pago de una entidad pública. A pesar de que se haya regularizado el monto adeudado, no podemos ignorar el impacto que este tipo de situaciones genera en quienes dependen de estos ingresos.
¿Por qué es importante actuar? Porque es un deber. Si queremos que la ley se cumpla, debemos ser parte activa del proceso.
📌 Por eso, hemos presentado reclamos tanto ante la Contraloría General de la República como a través de ChileCompra, buscando esclarecer las causas del atraso y exigir las indemnizaciones correspondientes.
Las leyes que respaldan estas acciones son:
Ley 19.886 (DS 661/2024): Establece el plazo máximo de 30 días corridos para el pago desde la recepción conforme de la factura.
Ley 21.131: Obliga al pago oportuno y fija sanciones multas en caso de incumplimiento.
Ley 10.336: Define la responsabilidad administrativa en casos de retraso injustificado por parte de funcionarios públicos.
Ley 18.575: Refuerza los principios de probidad y legalidad en la Administración del Estado.
¿Hay mecanismos de fiscalización? Sí. Pero no por eso dejaremos de ser parte del cambio.
¿Sabemos cómo hacerlo? Quizás no del todo, pero una vez que tengamos el know-how, muchos seguirán este camino.